Decisión política equivocada

Por Ariel Geandet (PARA PÁGINA 12)

Argentina es un país en vías de desarrollo con muchos y variados recursos naturales estratégicos. Nuestra historia muestra una disputa constante sobre la explotación dichos recursos y su propiedad, desde su completa nacionalización hasta su privatización sin controles ciudadanos. La definición del rol del Estado en parte se encuentra en disputa por esta puja histórica, la que se refleja más carnalmente entre un Estado que trata de captar las rentas extraordinarias (incluyendo hoy en día la financiera) para poder financiar políticas de desarrollo domésticas que promuevan el mercado interno, o bien, un Estado que reduce al mínimo el mercado interno para liberar recursos que nos demanda el resto del mundo.

Debido a lo anterior, nuestro país pasa de un lado del péndulo al otro, nos volcamos sobre el mercado doméstico y llega un momento en que no podemos seguir financiando dichas políticas porque nos quedamos sin dólares. Por otro lado, al reducir la economía interna a su mínima expresión se generan desigualdades sociales que no sólo producen desocupación sino también pobreza y exclusión social con carácter estructural. Lo llamativo es que las devaluaciones y procesos inflacionarios descontrolados han ocurrido de ambos lados del péndulo. La falta de consenso sobre nuestra visión de país, hace que sea inestable con recurrentes crisis.

El presupuesto es un buen reflejo de esta puja y el debate sobre el déficit cero (aclarando que es el resultado primario sin intereses de la deuda) que hoy estamos teniendo es la frutilla del postre de un debate incorrecto.

La actual estructura presupuestaria muestra decisiones de política y de gestión pública muy claras. Hay dos formas de presentar esta problemática. Como primer acercamiento, se puede hacer foco sobre las necesidades de financiamiento que implican los grandes desbalances presupuestarios. Si tomamos los tres principales rubros veremos que explican el 88,6 por ciento de toda la emisión de deuda acumulada desde 2016 a la fecha, que suma cerca de 120.000 millones de dólares. De esta manera, los déficits netos de las prestaciones de la seguridad social suman 32.000 millones de dólares, el pago extra de intereses debido al aumento de la deuda pública son 10.000 millones de dólares, y las transferencias al sector privado rondan los 64.000 millones de dólares. Con estos números sobre la mesa, el ejecutivo decidió tratar de reducir la cuenta de las prestaciones sociales, jubilaciones principalmente. Algo curioso, dado que las transferencias al sector privado fueron del doble.

Otra forma de mostrar lo anterior es reorganizando el presupuesto, tomando los ingresos y pagando cada rubro de gasto en orden de prioridades, incluyendo la inversión pública, dejando el pago de intereses de la deuda y las transferencias al sector privado en último lugar. Lo anterior nos lleva a superávits primarios anuales del orden del 1,6 por ciento del PBI desde 2015 al día de hoy. Y si agregamos los intereses, el resultado financiero sin transferencias al sector privado nos muestra: 0,3 por ciento en 2015, 0,4 por ciento en 2016, -1,2 por ciento en 2017 (se ve la carga de la deuda), y 0,2 por ciento durante el primer semestre de 2018.

Las transferencias al sector privado se originan principalmente en la decisión política que se tomó sobre la matriz energética. Al asumir, se definió que el precio en boca de pozo debería ser cercano a los 7,5 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica), habiendo alcanzado los 4,68 dólares por millón de BTU al día de hoy. Este precio en boca de pozo se dolarizó y mientras que las tarifas a los consumidores les han aumentado entre un 500 y 1.000 por ciento, el gobierno subsidia a las empresas como si estuvieran cobrando los 7,5 dólares por millón de BTU. Es este el motivo por el cual los consumidores cada vez pagan más mientras que el gobierno cada vez gasta más recursos presupuestarios dentro de las transferencias al sector privado. Este es el elefante en el bazar y es una decisión política que debe rediscutirse, existen alternativas para que las empresas del sector puedan seguir invirtiendo sin que se les deba garantizar un precio en boca de pozo tan alto hoy. Sin estas transferencias, eliminaríamos el problema del déficit primario y financiero y, al mismo tiempo, relajaríamos la presión sobre el ingreso de los ciudadanos. Hasta por ahí volvemos a crecer.

* Economista, Docente UBA y miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular.